El Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en su Sentencia núm. 569/2018, de 15 de octubre de 2018 (ECLI:ES:TS:2018:3485), fija doctrina sobre una cuestión que se plantea con más frecuencia de la que cabría esperar: la validez y eficacia del convenio regulador que los cónyuges suscriben privadamente, con previsión de alimentos para los hijos comunes, pero que nunca llega a presentarse ni a homologarse ante el juzgado. La Sala concluye que ese pacto es plenamente exigible entre las partes, porque la aprobación judicial es requisito de su eficacia procesal —no de su validez como negocio jurídico—, y que el pago de los alimentos del menor no puede subordinarse al cumplimiento, por el otro progenitor, de cláusulas distintas del propio convenio, como el régimen de visitas.
Introducción y contexto.
No es infrecuente que una pareja en crisis redacte y firme un convenio regulador con la intención de presentarlo junto con la demanda de separación o divorcio, y que, por las razones más diversas —una reconciliación frustrada, la simple inercia, el desacuerdo sobre quién debe dar el paso procesal—, ese documento termine quedando en un cajón, sin que el procedimiento judicial llegue a iniciarse hasta años después, o sin que llegue a iniciarse nunca. Mientras tanto, los cónyuges se separan de hecho y, con frecuencia, comienzan a aplicar en la práctica lo que habían pactado: uno de ellos abona una determinada cantidad en concepto de alimentos del hijo común, se reparten los gastos extraordinarios, se organiza un régimen de visitas. La pregunta que resuelve la sentencia que aquí se comenta es qué ocurre cuando, pasado el tiempo, uno de los progenitores deja de cumplir esa pensión de alimentos pactada y se opone a la reclamación alegando, precisamente, que el convenio nunca fue sometido a la aprobación judicial y que, por tanto, carece de fuerza vinculante.
La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, constituida en Pleno —señal inequívoca de la relevancia que se atribuía a la cuestión—, en Sentencia núm. 569/2018, de 15 de octubre (ECLI:ES:TS:2018:3485; Roj: STS 3485/2018; Id Cendoj: 28079119912018100031; recurso de casación núm. 3942/2017), con ponencia del Excmo. Sr. D. Eduardo Baena Ruiz, desestima el recurso de casación del padre y confirma la condena al pago de los alimentos adeudados al hijo común, pese a que el convenio regulador del que dimanaba la obligación nunca había sido aprobado judicialmente.
La sentencia tiene un interés práctico considerable porque, aunque el Tribunal Supremo ya había reconocido en pronunciamientos anteriores que el convenio regulador no homologado conserva la eficacia propia de todo negocio jurídico, esos precedentes se referían siempre a pactos de naturaleza estrictamente patrimonial entre los cónyuges —liquidación de gananciales, acuerdos económicos inter partes—. La sentencia del Pleno extiende expresamente esa misma doctrina al terreno más sensible de las medidas relativas a los hijos menores de edad, con los matices y límites que exige la protección del interés del menor, y zanja además una cuestión práctica habitual en estos litigios: si el incumplimiento del régimen de visitas por un progenitor permite al otro dejar de pagar los alimentos del hijo.
Contenido del documento.
Doña Zaira y don Everardo, cónyuges, se separaron de hecho el 22 de agosto de 2013 mediante un acuerdo privado suscrito entre ambos, cuya cláusula cuarta establecía que don Everardo contribuiría a los alimentos del hijo común con 150 euros mensuales, además de la mitad de los gastos extraordinarios educativos y sanitarios. El documento incluía también medidas sobre el régimen de visitas del padre con el menor. Por razones que la propia sentencia reconoce ignorar, la demanda de divorcio no se presentó entonces: se formuló tres años más tarde, a instancia de la esposa, y el convenio nunca llegó a someterse a homologación judicial.
Según reconoció el propio demandado en su contestación, ambas partes cumplieron el convenio, aunque de forma irregular, con incumplimientos recíprocos. Cuando doña Zaira reclamó en vía judicial las cantidades adeudadas en concepto de alimentos —3.994,50 euros—, mediante juicio verbal ante el Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Gijón, don Everardo se opuso alegando, como excepción principal, que la falta de homologación judicial del convenio le privaba de toda fuerza vinculante respecto de las medidas relativas al hijo menor —a diferencia, sostenía, de las medidas puramente patrimoniales entre los cónyuges, que sí serían exigibles sin homologación—. Subsidiariamente, opuso la excepción de contrato incumplido (exceptio non adimpleti contractus), alegando que su propio incumplimiento de la pensión venía precedido por el incumplimiento de la madre del régimen de visitas y comunicación con el menor.
El Juzgado de Primera Instancia estimó parcialmente la demanda y condenó a don Everardo al pago de 3.752 euros, otorgando validez al convenio no homologado y excluyendo únicamente los gastos deportivos reclamados por no estar contemplados en el pacto. La Sección 7.ª de la Audiencia Provincial de Asturias (con sede en Gijón) desestimó el recurso de apelación del padre, confirmando la plena validez del convenio como negocio jurídico de Derecho de familia adoptado en el ámbito de la autonomía privada de los cónyuges, y descartando que resultara de aplicación la limitación del artículo 1814 del Código Civil sobre el pacto de alimentos. Frente a esa sentencia, don Everardo interpuso recurso de casación por interés casacional, articulado en dos motivos: infracción de los artículos 90, 1814 y 1255 del Código Civil, por la falta de homologación del convenio y por el pretendido incumplimiento previo de la madre; e infracción del artículo 156 del Código Civil, al entender que los gastos extraordinarios reclamados —sesiones de logopeda, clases de refuerzo escolar— exigían el consentimiento previo de ambos progenitores o, en su defecto, autorización judicial. El Ministerio Fiscal informó solicitando la desestimación íntegra del recurso.
Análisis jurídico y valoración.
El Tribunal Supremo aborda la cuestión repasando su propia doctrina sobre la naturaleza, validez y eficacia del convenio regulador no sometido a aprobación judicial. Parte de la Sentencia 325/1997, de 22 de abril, que calificó el convenio regulador como negocio jurídico de Derecho de familia, expresión del principio de autonomía privada, y de la Sentencia 1183/1998, de 21 de diciembre, que formuló con precisión la distinción que resulta determinante para resolver el caso: la aprobación judicial que exige el artículo 90 del Código Civil es un requisito o «conditio iuris» de la eficacia del convenio regulador —y, en particular, de su eficacia procesal, atributiva de fuerza ejecutiva al quedar integrado en la sentencia—, pero no de su validez como negocio jurídico. Al margen del convenio aprobado, los cónyuges pueden establecer los pactos que estimen convenientes dentro de los límites de lo disponible, pactos que —cita literalmente la Sala— «no hay obstáculo para su validez como negocio jurídico, en el que concurrió el consentimiento, el objeto y la causa y no hay ningún motivo de invalidez. No lo hay tampoco para su eficacia, pues si carece de aprobación judicial, ello le ha impedido ser incorporado al proceso y producir eficacia procesal, pero no la pierde como negocio jurídico».
El matiz decisivo de la sentencia del Pleno —y lo que la distingue de sus precedentes— es que ninguno de los casos anteriores citados por la propia Sala (SSTS de 22 de abril de 1997, 21 de diciembre de 1998 y 15 de febrero de 2002) versaba sobre medidas relativas a hijos menores de edad: todos se referían a acuerdos patrimoniales inter partes entre los cónyuges, ajenos a la esfera de protección reforzada que exige el interés del menor. La cuestión que debía resolver ahora el Tribunal Supremo era si esa misma doctrina —validez como negocio jurídico, con independencia de la homologación— podía extenderse a los pactos sobre alimentos de los hijos comunes, materia que el recurrente consideraba de orden público y de ius cogens, insusceptible por tanto de producir efectos sin el filtro judicial.
La Sala responde que sí, con un límite expreso: los acuerdos sobre medidas relativas a hijos comunes menores de edad serán válidos siempre que no sean contrarios al interés del menor, y con la limitación impuesta en el artículo 1814 del Código Civil, esto es, que no cabe renunciar ni disponer del derecho del menor a la pensión de alimentos, que ese derecho no puede compensarse con una deuda entre los progenitores, ni someterse condicionalmente en beneficio del menor. Comprobado ese control —que corresponde realizar al juzgador de instancia, como cuestión de orden público—, el convenio no homologado despliega entre las partes la misma fuerza vinculante que cualquier otro negocio jurídico válidamente constituido conforme al artículo 1261 del Código Civil.
Aplicado al caso, el Tribunal Supremo subraya que el convenio regulador no puede tacharse de ineficaz por el solo hecho de carecer de aprobación judicial, y censura expresamente la conducta procesal del recurrente, que «obra con tal pretensión de forma reprobable, yendo en contra de sus propios actos», pues convino con la actora las prestaciones alimenticias del hijo, reconoció que el convenio se había ido cumpliendo —aunque irregularmente— y, solo ante la reclamación judicial de lo adeudado, invocó la falta de homologación como defensa, sin haber promovido en todo el tiempo de vigencia del pacto ninguna gestión judicial sobre medidas relativas al menor.
Sobre la excepción de contrato incumplido, la Sala la rechaza con un razonamiento de calado constitucional: la obligación alimenticia de los progenitores para con sus hijos menores de edad tiene fundamento en el artículo 39.1 y 3 de la Constitución y en el principio de solidaridad familiar, y constituye, más que una obligación contractual en sentido estricto, un deber insoslayable inherente a la filiación, incondicional desde su origen, con independencia de la mayor o menor dificultad para cumplirlo. De ahí que, con cita de la doctrina sentada en la STS 484/2017, de 20 de julio, el pago de la pensión de alimentos del menor no pueda hacerse depender del cumplimiento o incumplimiento por el otro progenitor de otras estipulaciones del convenio —en este caso, el régimen de visitas—. El segundo motivo del recurso, relativo a los gastos extraordinarios, se desestima por idéntico razonamiento, al haber interpretado la sentencia recurrida el pacto suscrito por las partes de forma lógica y no arbitraria.
Jurisprudencia posterior: la doctrina se reafirma y se extiende
Casi cinco años después, el Tribunal Supremo ha tenido ocasión de proyectar esta misma lógica sobre otro terreno del convenio regulador no homologado: la pensión compensatoria y las indemnizaciones pactadas entre cónyuges. En su Sentencia núm. 904/2023, de 6 de junio de 2023 (ECLI:ES:TS:2023:2539; Roj: STS 2539/2023; Id Cendoj: 28079110012023100897; recurso de casación e infracción procesal núm. 6986/2022), con ponencia del Excmo. Sr. D. José Luis Seoane Spiegelberg, el Alto Tribunal otorgó plena validez a un convenio regulador suscrito por ambos excónyuges el 3 de febrero de 2020 que, pese a contener una cláusula por la que las partes se comprometían a ratificarlo judicialmente, nunca llegó a presentarse ni a homologarse, aunque sí comenzó a cumplirse.
El caso tiene interés por su propio desarrollo: el matrimonio se había disuelto por divorcio de mutuo acuerdo en 2019, con un primer convenio regulador sí homologado que fijaba la custodia materna, una pensión de alimentos del hijo a cargo del padre de 700 euros mensuales, una pensión compensatoria vitalicia a favor de la madre de 1.300 euros mensuales y una indemnización de 80.000 euros por la pérdida patrimonial sufrida al adjudicarse la vivienda familiar en dación en pago. Meses después, con el hijo común —entonces de 16 años— decidiendo voluntariamente pasar a vivir con el padre, los progenitores suscribieron un nuevo convenio privado que invertía la custodia, reducía la pensión de alimentos del hijo a 75 euros mensuales a cargo de la madre, rebajaba la pensión compensatoria y reducía la indemnización pactada de 80.000 a 45.000 euros. Ese convenio nunca se ratificó judicialmente.
Cuando el padre promovió la modificación de medidas para adaptar la sentencia de divorcio a lo ya pactado y cumplido, tanto el Juzgado de Primera Instancia n.º 3 de Majadahonda como la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 31.ª) le dieron la razón únicamente en cuanto a los alimentos del hijo, pero negaron eficacia vinculante al resto del convenio de 2020 —en particular, a la reducción de la pensión compensatoria y de la indemnización— por no haber sido ratificado. El Tribunal Supremo revoca ese criterio: recuerda su doctrina consolidada sobre los negocios jurídicos de familia —con cita expresa, entre otras, de las SSTS 325/1997, de 22 de abril; 1183/1998, de 21 de diciembre; 116/2002, de 15 de febrero; 569/2018, de 15 de octubre —la misma sentencia del Pleno aquí comentada—; 615/2018, de 7 de noviembre; y 428/2022, de 30 de mayo— y concluye que negar eficacia vinculante al convenio de 2020 era contradictorio, pues la propia sentencia recurrida ya aceptaba sus efectos en lo relativo a los alimentos del hijo, sin razón para no hacerlo también respecto de la pensión compensatoria y la indemnización, pactos igualmente dispositivos para las partes y que, además, habían comenzado a cumplirse —manifestación, según la Sala, de su eficacia jurídica por actos propios—.
Al citar expresamente la STS 569/2018, la Sentencia 904/2023 resume con fidelidad su doctrina: que esa resolución «no priva tampoco de eficacia jurídica a los convenios no ratificados» y que «refrenda la eficacia jurídica vinculante de los acuerdos sobre medidas relativas a hijos menores de edad, sin que haya recaído aprobación judicial, siempre que no sean contrarios al interés del menor, y con la limitación impuesta en el art. 1814 CC». La Sentencia 904/2023 no matiza, por tanto, ni corrige la doctrina de 2018: la reafirma expresamente y la proyecta sobre un terreno distinto —el patrimonial entre cónyuges, pensión compensatoria e indemnizaciones pactadas—, con la misma arquitectura conceptual: la aprobación judicial del convenio regulador afecta a su eficacia procesal y ejecutiva, nunca a su validez como negocio jurídico de Derecho de familia, siempre que concurran los requisitos generales de validez contractual del artículo 1261 del Código Civil y se respeten, cuando hay hijos menores implicados, los límites del artículo 1814 y el superior interés del menor.
No se ha localizado, en cambio, jurisprudencia posterior a 2018 que matice, module o se aparte de la doctrina específica fijada por el Pleno respecto de los alimentos de los hijos menores: la regla de que el convenio no homologado es exigible entre las partes, con el único límite del interés del menor y del artículo 1814 del Código Civil, permanece intacta en 2026, y la Sentencia 904/2023 es buena prueba de su plena vigencia y proyección a otros pactos del convenio.
Implicaciones prácticas y conclusión.
Para quien negocia o redacta un convenio regulador antes de que se presente la demanda de separación o divorcio, la sentencia es una advertencia clara: el documento produce efectos jurídicos desde el momento de su firma, con independencia de que el procedimiento judicial llegue a iniciarse de inmediato, se demore años o, incluso, no llegue a tramitarse nunca. No cabe, por tanto, firmar el convenio dando por hecho que carecerá de consecuencias mientras no se homologue; si las partes comienzan a cumplirlo, ese cumplimiento refuerza su eficacia como negocio jurídico vinculante.
Para el progenitor que reclama alimentos impagados en virtud de un convenio no homologado, la sentencia confirma que la vía de la reclamación de cantidad —como el juicio verbal seguido en este caso— es plenamente idónea, sin que sea necesario tramitar primero un procedimiento de modificación de medidas o de homologación para dotar de eficacia al pacto. Para el progenitor obligado al pago, la sentencia cierra una vía de defensa habitual: no cabe invocar el incumplimiento del régimen de visitas por el otro progenitor para justificar el impago de la pensión alimenticia del hijo, dada la naturaleza incondicional de esta última.
La Sentencia 569/2018 del Pleno del Tribunal Supremo fija, en definitiva, un criterio de notable utilidad práctica: el convenio regulador no homologado judicialmente es exigible entre quienes lo suscribieron, también en lo relativo a los alimentos de los hijos menores, siempre que respete el interés del menor y los límites del artículo 1814 del Código Civil, y ese criterio —lejos de haberse visto cuestionado— ha sido reafirmado y proyectado por el Tribunal Supremo en 2023 a otros ámbitos del convenio, como la pensión compensatoria.
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