El Tribunal Supremo, en su Sentencia núm. 1.652/2026, de 27 de octubre de 2026 (ECLI:ES:TS:2026:4344), anula una sentencia de apelación que había cambiado radicalmente el sistema de guarda y custodia de dos menores —atribuyéndola al padre y suspendiendo el régimen de visitas de la madre— sin haberlas oído previamente, pese a que ambas tenían edad y madurez suficientes. La Sala recuerda que la audiencia del menor forma parte del estatuto jurídico indisponible de los menores de edad, de orden público, cuya omisión determina la nulidad de la resolución con independencia de lo fundada que esté su motivación sobre el fondo.

Introducción y contexto.

En los procesos de familia en los que se discute la guarda y custodia de menores, es frecuente que la atención de los operadores jurídicos se concentre en el contenido de la decisión: si la custodia se atribuye al padre o a la madre, si procede un régimen de visitas y con qué amplitud, si la medida está o no suficientemente motivada a la luz de los informes periciales obrantes en autos. Sin embargo, existe un presupuesto previo, de naturaleza estrictamente procesal, cuya omisión puede arrastrar la nulidad de toda la resolución por bien fundada que esté en cuanto al fondo: la audiencia de los menores afectados, cuando por su edad y madurez tienen derecho a ser oídos.

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en Sentencia núm. 1.652/2026, de 27 de octubre (ECLI:ES:TS:2026:4344; Roj: STS 4344/2026; Id Cendoj: 28079110012026101631; recurso de casación núm. 8206/2025), con ponencia del Excmo. Sr. D. Manuel Almenar Belenguer, estima un recurso de casación y anula una sentencia de la Audiencia Provincial de Granada precisamente por este motivo: haber acordado un cambio radical del sistema de custodia —de materna a paterna, con suspensión del régimen de visitas de la madre— sin haber dado a las dos menores afectadas, de doce y once años, la oportunidad de ser oídas y escuchadas.

El caso tiene un interés práctico considerable porque no se trata de un supuesto en el que la Audiencia Provincial hubiera omitido cualquier motivación: la propia Sala reconoce, en un pronunciamiento adicional «a efectos de evitar cualquier confusión», que la sentencia recurrida explicaba de forma extensa los motivos de la decisión adoptada. Y aun así, la nulidad resulta inevitable, lo que pone de manifiesto que el derecho del menor a ser oído no es un trámite más entre otros, sino un presupuesto de validez autónomo e insubsanable por la vía de una motivación —por completa que sea— que prescinda de él.

Contenido del documento.

El litigio tiene su origen en un procedimiento de modificación de medidas definitivas instado por la madre, Dña. Mónica, frente al padre, D. Pablo Jesús, solicitando el incremento de la pensión de alimentos de sus dos hijas menores y la supresión de las visitas intersemanales. El padre se opuso y, a su vez, formuló demanda reconvencional interesando el cambio de la guarda y custodia a su favor, alegando una actitud de rechazo de las menores hacia él y hacia su familia paterna que atribuía a la influencia de la madre.

El Juzgado de Primera Instancia núm. 19 de Granada dictó sentencia estimando parcialmente ambas pretensiones, con el mantenimiento sustancial de las medidas definitivas fijadas en su día en la sentencia de divorcio, añadiendo únicamente la intervención de un Equipo de Tratamiento Familiar. Esa decisión se apoyaba en un informe psicosocial que, pese a detectar una «grave interferencia materna en las relaciones paterno-filiales» calificable como una modalidad de maltrato infantil, no consideraba conveniente, en ese momento, el cambio de custodia, proponiendo en su lugar una intervención progresiva por fases.

El padre recurrió en apelación, y la Sección 5.ª de la Audiencia Provincial de Granada, mediante Sentencia núm. 244/2025, de 2 de junio, revocó la de primera instancia: atribuyó la guarda y custodia de las menores al padre, no reconoció —por el momento— derecho de visitas a la madre, y comunicó la situación a la Entidad Pública por si debía asumir la guarda provisional de las menores. La Audiencia fundamentó el cambio en la gravedad de la interferencia materna detectada por el Equipo Psicosocial y en los informes del Punto de Encuentro Familiar posteriores a la sentencia de instancia, que constataban incumplimientos reiterados del régimen de visitas.

Contra esa sentencia, la madre interpuso recurso de casación articulado en dos motivos: el primero, por infracción del interés superior del menor y del deber de motivación reforzada, con vulneración del artículo 24.1 de la Constitución; el segundo, por infracción del interés superior del menor con vulneración de los artículos 9.1 y 9.3, en relación con el artículo 18.1, de la Convención sobre los Derechos del Niño, entre otros preceptos. El Ministerio Fiscal, aunque consideraba que la decisión sobre el fondo aparecía suficientemente motivada, puso de manifiesto —y la Sala acoge este planteamiento con carácter dirimente— que las menores no habían sido oídas en ningún momento del procedimiento.

Análisis jurídico y valoración.

El Tribunal Supremo articula su decisión en dos planos claramente diferenciados, y es importante no confundirlos. El primero, dirimente para el fallo, es el de la falta de audiencia de las menores. El segundo, que la Sala examina solo «a efectos de evitar cualquier confusión» y sin que condicione la estimación del recurso, es el de la suficiencia de la motivación sobre el fondo del cambio de custodia.

Sobre el primer plano, la Sala recuerda su consolidada doctrina —con cita, entre otras, de las SSTS 234/2024, de 21 de febrero; 915/2024, de 26 de junio; 1695/2024, de 17 de diciembre; 729/2025, de 12 de mayo, y 59/2026, de 22 de enero— conforme a la cual el derecho del menor a ser oído, reconocido en el artículo 9 de la Ley Orgánica 1/1996, de protección jurídica del menor, forma parte del «estatuto jurídico indisponible de los menores de edad, de norma de orden público, de inexcusable observancia para todos los poderes públicos». Cuando este derecho debe ejercitarse en el seno de un proceso, se conecta además con la tutela judicial efectiva del artículo 24.1 de la Constitución, de modo que su incumplimiento —ya sea porque se denegó sin motivar adecuadamente, ya sea, como en este caso, porque simplemente no se practicó cuando era obligatoria— determina la nulidad de la resolución, con retroacción de actuaciones.

La Sala subraya que la obligatoriedad de la audiencia no depende de que la parte la proponga como prueba ni de que exista denuncia expresa de su omisión: puede y debe ser apreciada de oficio, como ya declaró en su sentencia 157/2017, de 7 de marzo, con cita de la de 20 de octubre de 2014, conforme a la cual los menores mayores de doce años «habrán de ser oídos en los procedimientos judiciales en los que se resuelva sobre su guarda y custodia, sin que la parte pueda renunciar a la proposición de dicha prueba, debiendo acordarla, en su caso, el juez de oficio». En el caso enjuiciado, una de las menores (Tomasa) había cumplido ya esa edad legal cuando se dictó la sentencia de apelación, y la otra (Bernarda), con once años y cinco meses, presentaba —según los propios informes periciales obrantes en autos— una madurez que justificaba igualmente su audiencia.

El Tribunal Supremo pondera, además, la entidad de la medida adoptada sin haber oído a las menores: no se trataba de una modificación tangencial o de escasa entidad, sino del cambio radical de un sistema de guarda y custodia materna que llevaba en vigor —formalmente desde la sentencia de divorcio de 2015, y de facto desde la ruptura de la convivencia en 2013— prácticamente toda la vida de ambas menores, al que se añadía la suspensión completa del régimen de visitas de la madre. Precisamente por tratarse de una decisión de tal magnitud, con un impacto emocional evidente en las menores, resultaba aún más exigible darles la oportunidad de expresar su voluntad, sus sentimientos y su percepción de la problemática familiar antes de adoptarla.

Sobre el segundo plano —el de la motivación sobre el fondo—, que como se ha dicho la Sala examina solo a mayor abundamiento, el Tribunal Supremo realiza una precisión que conviene no pasar por alto: a diferencia de lo que ocurría con la falta de audiencia, no aprecia en este caso déficit de motivación. La sentencia de apelación, señala, no se limitó a remitirse al informe pericial, sino que realizó una detenida valoración de todas las circunstancias concurrentes —incluidos el informe de la psicóloga de parte y los sucesivos informes del Punto de Encuentro Familiar— para concluir, de forma razonada, que la continuidad de la guarda materna resultaba perniciosa ante lo que calificó como una conducta continuada de atentado contra la integridad física y moral de las hijas. La Sala deja claro, por tanto, que la nulidad declarada obedece en exclusiva a la omisión de la audiencia, y no a una falta de motivación que, de hecho, no concurre.

Esta distinción tiene una consecuencia práctica relevante: el Tribunal Supremo no exige la práctica de nuevos informes periciales adicionales a los ya obrantes en autos —que considera, ponderando el exhaustivo informe del Equipo Psicosocial y los sucesivos informes del Punto de Encuentro Familiar, suficientes—, sin perjuicio de que la Audiencia, tras oír a las menores, pueda acordar la prueba complementaria que estime pertinente a la vista del resultado de esa audiencia.

Implicaciones prácticas.

Para quien litiga en procedimientos de familia en los que se discuta un cambio de guarda y custodia o de régimen de visitas, la sentencia fija un criterio de aplicación muy concreta: cuando el menor afectado tenga doce años o más, su audiencia es obligatoria y no puede ser suplida ni sustituida por la sola valoración de informes periciales o sociales, por completos que estos sean. Y cuando el menor tenga menos de doce años pero los informes obrantes en autos revelen una madurez suficiente —como ocurría aquí con la menor de once años—, la audiencia también deberá practicarse, correspondiendo al tribunal justificar motivadamente, en su caso, por qué prescinde de ella.

Conviene resaltar que la ausencia de audiencia del menor es una infracción que puede y debe apreciarse de oficio por el propio tribunal, incluso al margen de que las partes la hayan denunciado expresamente. Esto significa que, desde la perspectiva de la defensa, conviene verificar en cada procedimiento de guarda y custodia si la audiencia del menor se ha practicado efectivamente antes de la resolución, con independencia de que se haya solicitado como prueba: su omisión constituye, por sí sola, un motivo de nulidad autónomo, separado de cualquier otro defecto de motivación sobre el fondo del asunto.

La sentencia también resulta relevante para quien defiende la parte que pretende el mantenimiento del statu quo: cuanto más radical sea el cambio que se solicita —en este caso, la inversión completa de un sistema de custodia vigente durante toda la vida de las menores, con supresión total del régimen de visitas del otro progenitor—, mayor es la exigencia de haber dado a los menores la oportunidad de ser oídos antes de acordarlo, dada la gravedad del impacto emocional que ese cambio puede comportarles.

Conclusión.

La Sentencia del Tribunal Supremo núm. 1.652/2026, de 27 de octubre, reafirma con contundencia que el derecho del menor a ser oído y escuchado en los procesos que le afectan no es un trámite accesorio, sino un presupuesto de validez de orden público, indisponible para las partes y de apreciación de oficio por el tribunal. Ni la solidez de la motivación sobre el fondo de la decisión, ni la extensión y calidad de los informes periciales obrantes en autos, pueden suplir su omisión cuando el menor, por su edad o madurez, tiene derecho a expresar su voluntad, sus sentimientos y su percepción de la situación familiar antes de que se adopte una medida que, como en este caso, transforma radicalmente su día a día.