El Tribunal Supremo, en su Sentencia núm. 1.650/2026, de 26 de octubre de 2026 (ECLI:ES:TS:2026:4352), corrige a una Audiencia Provincial que había negado valor a una alegación de pago parcial por el simple hecho de no haberse formulado ya en el escrito de oposición al proceso monitorio. La Sala recuerda que, cuando la oposición da lugar a un juicio ordinario por razón de la cuantía, el artículo 818.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil no limita los motivos de defensa que el demandado puede alegar en su contestación a la demanda, y que exigir ese encorsetamiento vulnera el derecho de acceso a la jurisdicción y el principio pro actione.

Introducción y contexto.

El proceso monitorio es, por diseño, un cauce rápido y poco formalista: basta con que el deudor se oponga, sin necesidad siquiera de motivar esa oposición más allá de lo imprescindible, para que el asunto se encauce hacia el procedimiento declarativo que corresponda por razón de la cuantía —verbal u ordinario—. Esa economía de formas en la fase de oposición plantea una pregunta que se repite con frecuencia en la práctica forense: una vez que el acreedor presenta la demanda del juicio ordinario subsiguiente, ¿puede el demandado alegar en su contestación motivos de defensa que no mencionó —o que mencionó solo de forma genérica— en su escueto escrito de oposición al monitorio? ¿O queda encorsetado para siempre por lo que dijo, o dejó de decir, en aquel primer trámite?

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en Sentencia núm. 1.650/2026, de 26 de octubre (ECLI:ES:TS:2026:4352; Roj: STS 4352/2026; Id Cendoj: 28079110012026101634; recurso de casación e infracción procesal núm. 2069/2022), con ponencia del Excmo. Sr. D. Antonio García Martínez, responde con claridad a esa pregunta en uno de los fundamentos de derecho de la sentencia —el dedicado específicamente a una alegación de pago parcial que la demandada había formulado en el juicio ordinario, pero que la Audiencia Provincial se negó a examinar por no figurar ya en el escrito de oposición al monitorio—. El Tribunal Supremo estima en este concreto extremo el recurso extraordinario por infracción procesal y devuelve las actuaciones a la Audiencia para que resuelva esa alegación con plenitud de cognición.

Aunque la sentencia resuelve también, en sus restantes fundamentos, una compleja controversia sustantiva sobre la validez de una carga real de conservación en una urbanización privada —cuestión que hemos tratado en otro artículo de este blog—, el pronunciamiento sobre el alcance de la contestación a la demanda en el juicio ordinario posterior al monitorio tiene, por sí solo, un interés práctico considerable para cualquier abogado que se enfrente a la defensa de un deudor frente a una reclamación de cantidad por esta vía, y merece un comentario propio y detenido.

Contenido del documento.

La sociedad Conservación de la Marina, S.L.U. reclamó a una propietaria, mediante juicio monitorio, 18.805,98 euros en concepto de cuotas de conservación impagadas de una urbanización privada. Al tratarse de una cuantía superior a la del juicio verbal, la oposición de la demandada dio lugar, conforme al artículo 818.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, a la tramitación de un juicio ordinario, en el que la actora presentó demanda y la demandada contestó dentro de plazo. En su contestación —no ya en su escrito de oposición al monitorio—, la demandada alegó, entre otros motivos de defensa, que no se habían tenido en cuenta pagos parciales ya efectuados por su parte, por importe de 3.318,77 euros.

La sentencia de primera instancia rechazó esa alegación de pago parcial, pero lo hizo entrando en el fondo: consideró que el pago no había quedado acreditado. La demandada recurrió en apelación, denunciando precisamente un error en la valoración de la prueba sobre esos pagos. La Audiencia Provincial de Cádiz (Sección 7.ª, con sede en Algeciras), sin embargo, no llegó a examinar ese motivo de apelación: entendió que, al no haberse planteado la alegación de pago parcial ya en el escrito de oposición al proceso monitorio, su examen en el juicio ordinario suponía «expandir indebidamente el objeto de posible valoración judicial», por lo que confirmó el rechazo de la alegación sin entrar a valorar si el error en la apreciación de la prueba denunciado por la apelante era o no fundado.

Contra esa sentencia, la demandada interpuso recurso extraordinario por infracción procesal, alegando —en el motivo que aquí interesa— la vulneración del artículo 24.1 de la Constitución, en su vertiente de derecho de acceso a la jurisdicción, y del principio pro actione, al entender que la Audiencia Provincial había limitado indebidamente el objeto del proceso declarativo posterior al monitorio a las cuestiones ya alegadas en la oposición de origen, privándola de una respuesta judicial sobre el fondo de su alegación de pago parcial.

Análisis jurídico y valoración.

El Tribunal Supremo plantea la cuestión en términos precisos: se trata de determinar si la limitación del derecho de defensa impuesta por la Audiencia Provincial —circunscribir el objeto del juicio ordinario subsiguiente a lo ya alegado en la oposición al monitorio— encontraba fundamento suficiente en la regulación procesal aplicable. Y concluye, sin ambages, que la respuesta debe ser negativa.

El punto de partida es el propio tenor del artículo 818.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la redacción vigente en el momento en que se produjo la oposición: cuando la cuantía de la pretensión excedía de la propia del juicio verbal y el peticionario presentaba la correspondiente demanda dentro de plazo, el decreto que ponía fin al proceso monitorio debía acordar el traslado de esa demanda al demandado «conforme a lo previsto en los artículos 404 y siguientes» de la propia ley —esto es, conforme a las reglas generales del juicio ordinario—. La norma, señala el Tribunal Supremo, no establecía en ese supuesto ninguna limitación de las posibilidades de defensa del demandado derivada de los motivos que este hubiera expresado en su escrito de oposición al monitorio, ni la remisión a los artículos 404 y siguientes permitía introducir una restricción que el propio legislador no había establecido.

Para reforzar esa lectura, la Sala invoca su propio auto de 12 de julio de 2007 (recurso 75/2007), en el que ya había declarado que «la remisión del último inciso del apdo. 2 del art. 818 de dicha ley a los arts. 404 y siguientes de la misma tiene un alcance lo suficientemente general como para no excluir ninguna de las oportunidades que la propia ley reconoce al demandado en un juicio ordinario», entre ellas —en aquel caso concreto— la posibilidad de proponer declinatoria; criterio que reitera, en términos equivalentes, el auto de 19 de junio de 2012 (recurso 57/2012). Es decir: la remisión del artículo 818.2 LEC a las normas generales del juicio ordinario es una remisión plena, no una remisión recortada por lo ya alegado en el trámite de oposición al monitorio.

El Tribunal Supremo distingue expresamente este supuesto de otro precedente que, a primera vista, podría parecer contradictorio: la Sentencia 506/2010, de 23 de julio, que en un procedimiento de error judicial había considerado que no podía calificarse de manifiestamente errónea la doctrina que apreciaba la preclusión de excepciones formuladas por primera vez en la vista de un juicio verbal posterior a un monitorio. La Sala aclara que aquella resolución se refería precisamente a un juicio verbal —con su propio régimen procesal, estructurado en torno a una vista oral concentrada— y no resulta trasladable, sin más, al supuesto de un juicio ordinario subsiguiente, al que el artículo 818.2 LEC remite expresamente a los artículos 404 y siguientes, con su propia fase de contestación escrita a la demanda, sin restricción alguna derivada de lo alegado en la oposición al monitorio.

La interpretación favorable a la plenitud de la contestación resulta, además, coherente con las exigencias derivadas del derecho fundamental de acceso a la jurisdicción. El Tribunal Supremo recuerda, con cita de su propia Sentencia 282/2019, de 23 de mayo, y de la doctrina constitucional sentada en la STC 222/2016, de 19 de diciembre, que «la denegación de una decisión sobre el fondo del asunto tiene relevancia y dimensión constitucional cuando tal inadmisión suponga una interpretación de la legalidad procesal manifiestamente irrazonable, arbitraria o fruto de un error patente», así como cuando «las reglas de acceso a la jurisdicción se hayan interpretado de manera rigorista o excesivamente formalista, o de cualquier otro modo que revele una clara desproporción entre los fines que estas reglas preservan y los intereses que sacrifican». El principio pro actione, precisa la Sala, no exige que los tribunales elijan siempre la interpretación más favorable al acceso al proceso, pero sí impide erigir obstáculos a ese acceso mediante interpretaciones rigoristas o formalistas que carezcan de justificación suficiente y que, sin previsión legal expresa, restrinjan las posibilidades de defensa de una de las partes.

Aplicando esa doctrina al caso, el Tribunal Supremo constata que la restricción impuesta por la Audiencia Provincial tuvo, además, una consecuencia procesal real y no meramente teórica: la sentencia de primera instancia había rechazado la alegación de pago parcial por falta de acreditación, y la demandada reprodujo esa cuestión en apelación denunciando un error en la valoración de la prueba sobre esos pagos; sin embargo, al considerar la Audiencia que la cuestión no podía examinarse por no haberse introducido en el escrito de oposición al monitorio, no llegó a pronunciarse sobre el fondo de esa impugnación, privando a la recurrente de una respuesta judicial sobre una alegación de defensa que podía haber articulado legítimamente en el juicio ordinario.

La conclusión de la Sala es, por tanto, que la interpretación de la Audiencia Provincial resulta contraria al derecho de acceso a la jurisdicción y al principio pro actione, al introducir una limitación no prevista por el artículo 818.2 LEC y sacrificar las posibilidades de defensa de la demandada sin justificación procesal suficiente. En consecuencia, estima en este extremo el recurso extraordinario por infracción procesal y devuelve las actuaciones a la Audiencia Provincial con el exclusivo objeto de que complete su pronunciamiento, resolviendo con plenitud de cognición el motivo de apelación relativo al error en la valoración de la prueba sobre el pago parcial alegado, por importe de 3.318 euros.

Conviene precisar, para no sobrevalorar el alcance de esta doctrina, que el propio Tribunal Supremo mantiene un criterio distinto para otra alegación formulada en el mismo recurso: la relativa a la abusividad del interés moratorio del 15% previsto contractualmente, que la demandada tampoco había cuestionado en la oposición al monitorio ni en la contestación a la demanda del juicio ordinario, sino que introdujo por primera vez en el recurso de apelación. Esa alegación sí se inadmite, mas no por el criterio —rechazado por la Sala— de la preclusión derivada de la oposición al monitorio, sino por una razón distinta y plenamente consolidada: no cabe plantear cuestiones completamente nuevas en apelación ni en casación, cuando no fueron oportunamente sometidas a contradicción en la primera instancia. La distinción es importante: una cosa es exigir que toda defensa se anticipe ya en la escueta oposición al monitorio —lo que la sentencia rechaza—, y otra bien distinta es exigir que, como mínimo, se plantee en la contestación a la demanda del juicio ordinario, antes de llegar a la apelación —lo que la sentencia sí mantiene—.

Implicaciones prácticas.

Para quien se opone a un proceso monitorio cuya cuantía derive hacia un juicio ordinario, la sentencia es una buena noticia procesal: no es necesario agotar en el escrito de oposición —que la ley concibe como un trámite ágil y poco formalizado— todos los motivos de defensa que, en su momento, se quieran hacer valer frente a la reclamación. El demandado conserva la plenitud de las posibilidades de defensa propias de la contestación a la demanda de un juicio ordinario, conforme a los artículos 404 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que la Audiencia Provincial pueda excluir de examen una alegación —como un pago parcial, una compensación, o cualquier otra excepción material— por el solo hecho de no haberla mencionado ya al oponerse al monitorio.

Esa plenitud de defensa tiene, sin embargo, un límite temporal claro que conviene no confundir con el anterior: lo que no cabe, bajo ningún criterio, es esperar hasta la apelación para introducir por primera vez una alegación que pudo —y debió— plantearse ya en la contestación a la demanda del juicio ordinario. La sentencia desestima, por esta vía distinta, la alegación de abusividad del interés moratorio que la demandada solo planteó en apelación. La estrategia procesal correcta, por tanto, no es demorar las defensas hasta fases avanzadas del procedimiento confiando en esta doctrina, sino aprovechar al máximo la contestación a la demanda del juicio ordinario —que es donde la ley sitúa, sin restricciones derivadas de la oposición al monitorio, el momento procesal oportuno para desplegar toda la defensa—.

Para quienes litigan frecuentemente reclamaciones de cantidad por la vía del monitorio —comunidades de propietarios, entidades de conservación, aseguradoras, proveedores de servicios—, la sentencia es también relevante desde la perspectiva del acreedor: no cabe dar por definitivamente zanjada una cuestión de hecho —como la existencia de pagos parciales— por el simple dato de que el deudor no la planteara en su escueto escrito de oposición inicial; esa cuestión podrá resurgir con pleno derecho en la contestación a la demanda del juicio ordinario subsiguiente, y conviene estar preparado para rebatirla en ese momento procesal, no solo en el inicial.

Conclusión.

La Sentencia del Tribunal Supremo núm. 1.650/2026 fija un criterio de notable utilidad práctica en el día a día de la litigación civil: cuando la oposición a un proceso monitorio da lugar, por razón de la cuantía, a un juicio ordinario, el artículo 818.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil remite plenamente al régimen general de ese procedimiento, sin que los motivos ya expresados —o silenciados— en el escrito de oposición al monitorio limiten las posibilidades de defensa del demandado en su contestación a la demanda. Exigir esa limitación, sin respaldo legal expreso, vulnera el derecho de acceso a la jurisdicción y el principio pro actione. La defensa del deudor debe desplegarse con plenitud en la contestación a la demanda del juicio ordinario —no antes, en la oposición al monitorio, ni después, en la apelación—.