La custodia compartida se ha convertido en la estrella del debate jurídico en materia de Derecho de Familia.

Y ello a pesar de que el Tribunal Supremo viene reiterando de una forma ya más que machacona que es el régimen prioritario. El principio que debe primar es básicamente el interés y beneficio del menor tal y como estableció ya la STS 261/2012 de 27 de abril.

Lo que prima cuando se valora el régimen de custodia no es tanto el beneficio que proporciona la medida a los hijos, como el perjuicio que puede ocasionarles de acordarse. El beneficio se supone a partir de una reiterada jurisprudencia de esa sala (STS 257/2013, de 29 de abril, entre otras) que considera que la guarda y custodia compartida no es una medida excepcional, sino deseable en interés de los menores, porque permite que sea efectivo el derecho que los hijos tienen a relacionarse con ambos progenitores, aún en situaciones de crisis. Por consiguiente hay una especie de inversión de la carga de la prueba hacia aquel que pretenda una custodia monoparental.

Los Abogados tenemos la difícil misión, en este campo, de convencer, a veces solo por la vía de los hechos consumados, a nuestros clientes sobre el concepto que tienen los Tribunales y los Gabinetes Psicosociales, sobre el interés del menor, concepto que desde luego está a años luz del “concepto popular” del mismo.

Y en tal sentido sería deseable una unificación de criterios sobre cuándo se debe proponer y practicar la prueba del Gabinete Psicosocial.

Unos juzgados la acuerdan con carácter previo  y otros esperan a que sea propuesta en la vista oral. Los argumentos en favor de uno y otro momento procesal son aceptables, pero si bien resulta obvio que si muchos procedimientos se convierten en consensuados con anterioridad a la vista (a veces minutos antes), se habrían desperdiciado recursos públicos en practicar una pericial que luego podría parecer que deviene innecesaria.  Pero quizás deberíamos entenderlo al revés.

El Informe del Gabinete Psicosocial, es muchas veces el detonante del acuerdo dado el peso que tiene en la decisión judicial, de hecho creo que dicho Informe debería ser obligatoriamente emitido siempre con anterioridad a la vista, y ello, sin duda, rebajaría sensiblemente el número de juicios, y por consiguiente la conflictividad.

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